Actualización de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales
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Cada vez son más los controles que se ponen en marcha en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales en el entorno empresarial. En 2025 se han producido nuevos cambios en la normativa que afectan a empresas, pymes y autónomos, especialmente a aquellos que operan en sectores sensibles. En este artículo te explicamos qué cambios debes conocer, cómo afectan a tu actividad y qué medidas debes adoptar para cumplir con la legislación vigente.
El objetivo de la normativa de la prevención del blanqueo de capitales es evitar que fondos de origen ilícito se integren en el sistema financiero o empresarial. Las actualizaciones normativas que hemos visto en 2025 provienen de directrices de la Unión Europea y de recomendaciones del (Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y responden también a la necesidad de adaptar los controles a los nuevos riesgos digitales.
En España, las modificaciones principales afectan a la Ley 10/2010 y a su Reglamento.
Se amplía el número de actividades que deben cumplir las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales. Como nuevos sujetos obligados surgen los proveedores de servicios de criptoactivos, las plataformas de crowdfunding, las empresas de compraventa de arte y antigüedades y los gestores de alquileres turísticos. Los autónomos que trabajen en estos sectores también deben adaptarse.
Los sujetos obligados a cumplir con las normativas de prevención del blanqueo de capitales deben identificaral cliente de forma reforzada, verificar la identidad mediante documentos oficiales, comprender la naturaleza y propósito de la relación de negocios y monitorear de manera continua las operaciones. Además, se introduce el análisis de riesgo previo obligatorio en todas las operaciones relevantes.
Se endurecen los límites de pago en efectivo: se mantiene el límite general de 1.000 euros para operaciones entre empresarios y se exige mayor justificación documental en operaciones superiores a 500 euros.
Todas las empresas deben inscribirse y mantener actualizada su información en el Registro de Titularidades Reales. Además, se sancionará el retraso o falta de actualización y se exige comprobar y documentar la veracidad de la información registrada.
Las empresas y autónomos sujetos a la normativa deben implementar programas de formación anual para empleados y documentar las acciones formativas realizadas.
La nueva normativa endurece el régimen sancionador, con multas más elevadas, de hasta 10% de la facturación anual. Además, se introduce la publicación de sanciones en registros oficiales y la inhabilitación para operar en determinados sectores en caso de reincidencia.
Para cumplir con la normativa, las empresas, pymes y autónomos deben regirse por una serie de obligaciones, que te contamos a continuación:
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